miércoles, 6 de mayo de 2015

La Reforma del Reglamento de la Corte Constitucional




Por: Gonzalo A. Ramírez Cleves
Profesor Universidad Externado de Colombia
@iureamicorum
Publicado en ÁMBITO JURÍDICO aquí. 

La semana pasada la Corte Constitucional dio a conocer la reforma a su Reglamento interno (Auto 01 de 30 de abril de 2015). La reforma se discutió en dos sesiones, pero el proyecto nunca fue publicado antes de su aprobación. Tampoco se dio oportunidad a la sociedad civil o a la Academia, para que participaran en la discusión, por ejemplo mediante la convocatoria a una Audiencia Pública. Es decir que dicha reforma se hizo a puerta cerrada, y aunque la Corte tiene la potestad para hacerlo de esta manera, en tiempos de crisis y deslegitimación de la institución debió hacerlo de cara a la ciudadanía.

Dentro de los cambios más importantes se destaca el establecimiento de términos para la decisión definitiva en materia de constitucionalidad y de tutela (art. 50), el trámite de firmas de los magistrados que será como máximo de 30 días para fallos de constitucionalidad (art. 35A) y 5 días para tutelas (art. 50); y términos de máximo 6 meses de los autos de suspensión de las tutelas (art. 57). Con este último plazo se pretende evitar que se termine fallando dos o tres años después de cuando la Corte asume conocimiento y se presente con esta mala práctica dilaciones injustificadas como el caso de la tutela de las madres lesbianas de Medellín (SU -617 de 2014), que duró suspendido casi tres años en la Corte, y el caso de “Las Pavas” que todavía esta pendiente de decisión.

Se crea también una Unidad de Análisis y Seguimiento del Proceso de Selección de tutelas (art. 49 C) y se plantean criterios de selección objetivos, subjetivos y complementarios. Dentro de los criterios objetivos se tiene la unificación de jurisprudencia, asunto novedoso, la necesidad de pronunciarse sobre determinada línea jurisprudencial, la exigencia de aclarar el contenido de un alcance de un derecho fundamental, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Los criterios subjetivos se centran en la urgencia de proteger un derecho fundamental o en la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Finalmente dentro de los criterios complementarios se encuentran la lucha contra la corrupción, el examen de los pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, la tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional, la preservación del interés general y la grave afectación del patrimonio público. La reforma indica que estos criterios no son taxativos, ya que la selección sigue siendo discrecional. Igualmente se deja un parágrafo en donde se explica que en la selección de tutelas deberá tenerse en cuenta “…la relevancia constitucional del asunto, particularmente tratándose de casos de contenido económico” (Art. 49A).

Finalmente se reforman las facultades electorales de la Corte, que se encuentran contenidas en el Capítulo XVIII del Reglamento. En dicho capítulo se dice que en la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, el Presidente de la Corte Constitucional, “obrará única y exclusivamente como representante de la Corporación que preside” y la decisión será de la Sala Plena apoyándose en criterios de meritocracia (art. 77B). Del mismo modo, se establece que en la postulación de aspirantes al cargo de Director Ejecutivo de la Rama Judicial el Presidente actuará sólo como vocero de la Sala Plena (art. 77C).

Aunque la reforma parece ser provechosa deja por fuera importantes cambios. Por ejemplo, nada se dijo sobre las Audiencias de la Sala de Selección de Tutelas ni la Audiencia del Informe Anual de la Gestión. En cuanto a las insistencias de parte de los Magistrados titulares, no se establecieron criterios de motivación, además de conferir esta potestad también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (art. 49D). De otra parte, no se reguló la posibilidad de que la Sala Plena suspenda o cese a algún magistrado cuando curse un proceso en su contra. Por último para el establecimiento de un Código de Ética delega dicha atribución a la Sala Plena (art. 5.S).

La red ¡Corte Limpia Ya! había radicado una propuesta relacionada con la reforma del reglamento que trataba temas como la suspensión y cese de magistrados, la celebración de audiencias para los informes anuales de gestión y de selección de tutela, el código de ética, criterios de selección de tutelas y términos de decisión que aún no han sido regulados en esta reforma, como por ejemplo un término perentorio entre la expedición del comunicado y la Sentencia en aras a la publicidad expedita de los fallos. En una eventual adición de la reforma de su reglamento, sería bueno que la Corte Constitucional atendiera a estas propuestas ciudadanas y permitiera que se presentaran otros aportes que por la prontitud en la aprobación dejó sin resolver.

Cota:
Reglamento Corte:
Propuesta ¡Corte Limpia Ya!


  

viernes, 1 de mayo de 2015

A, B, C de la propuesta de reforma de Reglamento de Corte Constitucional propuesto por ¡Corte Limpia Ya!

Intervención ¡Corte Limpia Ya! para reforma de reglamento de la Corte Constitucional ante la crisis


El colectivo ¡Corte Limpia Ya! radicó ayer ante la Corte Constitucional un documento para la Presidenta de la Corte Constitucional sobre la reforma del reglamento de la Corte ante la crisis. En la intervención se tratan cinco puntos (1) posibilidad de suspensión de magistrados, (2) criterios de revisión de tutelas, insistencias y audiencias de la de selección, (2) Audiencia anual de Informe de Gestión, (4) Código de Ética y (5) Términos de decisión y de publicación de fallos. Los dejamos con la Intervención. 

domingo, 26 de abril de 2015

Cuestionario en torno a la Eutanasia

1)   Teniendo en cuenta la Sentencia C – 239 de 1997 ¿Cuál fue el problema jurídico, los derechos en conflicto y la decisión de la Corte en torno a la constitucionalidad del homicidio por piedad y la eutanasia?

2)   Teniendo en cuenta la Sentencia C- 239 de 1997 explique el exhorto que realizó la Corte al legislador y porqué se puede decir que es una forma de diálogo entre poderes

3)   Teniendo en cuenta la Sentencia T – 970 de 2014explique cuál fue el problema jurídico a decidir y los derechos en conflicto. Del mismo modo diga porque se falla el caso a pesar de existir “daño consumado”

4)   Teniendo en cuenta la Sentencia T- 970 de 2014 explique cuáles fueron las órdenes que dio la Corte al Ministerio de Salud para regular la eutanasia y cuáles fueron los fundamentos de hecho (fácticos) y de derecho para hacerlo.


5)   Teniendo en cuenta la Resolución 1216 de 2015expedida por el Ministerio de Salud para dar cumplimiento a la Sentencia T –970 de 2014 si se cumplieron con todas las condiciones de la orden de tutela y que otras medidas pueden ordenarse teniendo en cuenta aspectos no reguladas, como el “consentimiento sustituto” o la eutanasia en menores de edad.

 Puede tener en cuenta esta entrada "Eutanasia y legislación reciente" aquí. 

miércoles, 22 de abril de 2015

Algo para acordar



Por: Gonzalo A. Ramírez  Cleves
Profesor Universidad Externado de Colombia
@iureamicorum

Publicado en Ámbito Jurídico 21 de abril de 2015 aquí. 

Aunque algunos especialistas habían advertido de los riesgos de un proceso de paz sin cese al fuego, el ataque de las Farc con un saldo de 11 militares muertos y  20 heridos en el municipio de Buenos Aires  (Cauca), fue como un baldado de agua fría a los que creemos en una salida al conflicto a través del diálogo. El acto de la guerrilla fue atroz y todos nos encontramos indignados con esta situación del todo reprochable por su crueldad.

Haciendo un poco de memoria al final de año pasado se había presentado el secuestro y luego liberación del general Alzate en el Chocó, hecho que dio lugar a que se suspendieran por primera vez los diálogos de paz. Tras la liberación del general y la reiteración de las conversaciones, alias “Pastor Alape” expresó el deseo de la guerrilla de un cese bilateral de las hostilidades. A finales de diciembre la guerrilla propuso un cese unilateral del fuego, que el Presidente Santos calificó como una “rosa con espinas” porque dicho cese estaba supeditado a que la guerrilla no fuera atacada y de este modo se aplicará el difuso criterio de la legitima defensa cuando ésta se sintiera en riesgo.

Antes de Semana Santa se pensó que se estaba dando un desescalamiento del conflicto, con la propuesta de un acuerdo sobre desminado y finalmente el 9 de abril con la prórroga de la suspensión de los bombardeos. Sin embargo, el ejército seguía realizando operaciones militares en regiones como el Chocó en donde se dio el abatimiento de alias “El Becerro”, que llevaba más de 35 años en la guerrilla, y la captura de alias “El Paisa”, en donde fueron incautados más de 400 kilos de pasta de coca en el mismo municipio de Buenos Aires. Del mismo modo poco antes del ataque, se dieron enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en Ituango Antioquia, que fueron denunciados por el Comandante del Ejército como una violación del DIH porque según el general se estaba utilizando a la población civil como escudo.

Aunque la frase del gobierno de que “Nada esta acordado hasta que todo este acordado”, da lugar a que se tenga precauciones sobre el curso de la negociaciones, la masacre de Buenos Aires pone de presente que es perentorio realizar unos acuerdos básicos relacionados con la marcha de las conversaciones en medio del conflicto para evitar actos barbáricos.

La propuesta de una comisión de verificación por parte de los Estados garantes y otros organismos nacionales e internacionales, parece una medida con buenos propósitos, pero debe ir acompañada de unos acuerdos concretos. Un primer acuerdo sería que se cumplan con las normas de DIH, de este modo la comisión de verificación sería el único órgano que pudiera establecer si hubo violación o no de dichas normas con informes puntuales por cada hecho denunciado.

Otra medida podrían ser compromisos parciales de paz previamente verificados que den lugar a una medida compensatoria. Por ejemplo, se podría pedir que si se da un compromiso de paz previamente verificado por la comisión, se de cómo contrapartida otro gesto de paz. Pueden ser calificados como gestos o compromisos de paz de parte de la guerrilla, la liberación de secuestrados y de niños reclutados, el desminado, la entrega de laboratorios de cocaína y fábricas de armas y no únicamente el cese unilateral del fuego. El gobierno por su parte, una vez verificados por la comisión que se están dando dichos gestos o compromisos, puede ordenar que los ataques cesen en los lugares en donde se produzcan estos hechos con la única condición en que se mantengan dichos compromisos. Finalmente la propuesta del gobierno de establecer un cronograma con unos plazos concretos para el desarrollo de las conversaciones y los acuerdos, se tiene que acompañar también con una comisión de verificación para que los términos no se burlen y los temas se vayan abordando.

Todos los estudiosos en materia de acuerdos en procesos de paz en medio del conflicto coinciden en afirmar que las últimas etapas de conversaciones son las más cruentas porque se trata de negociar con muertos para demostrar la fuerza que se tiene. Sin embargo, esta estrategia resulta altamente costosa porque mina la confianza del proceso y los enemigos de las negociaciones empiezan a florecer y a acrecentarse. Acordar el desarrollo de las negociaciones en medio del conflicto resulta importante y perentorio en este punto de los diálogos. No se trata de dejar de velar por la conservación y seguridad del territorio y la vida de los colombianos, sino empezar a concretar los acuerdos por medio de hechos verificados para que de esta manera se empiece a fortalecer la confianza en las negociaciones y la veracidad de los compromisos. 

lunes, 13 de abril de 2015

El proceso de Impeachment y el caso Pretelt


Por: Gonzalo A. Ramírez Cleves
Profesor Universidad Externado de Colombia
@Iureamicorum

Publicado en Ámbito Jurídico aquí

Después de casi dos meses desde que estalló la crisis de la Corte Constitucional en el llamado caso de Fidupetrol en donde el Magistrado González Cuervo acusó a su colega Pretelt de supuestamente haber pedido 500 millones de pesos para tramitar una tutela al abogado Víctor Pacheco, quedan varias reflexiones por hacer. Una de ellas es la evidencia de que el país no estaba preparado para afrontar un escándalo de supuesta corrupción en una de sus instituciones más queridas y respetadas como la Corte Constitucional, que ha sido ejemplo por muchos años de excelencia y autonomía al garantizar los derechos de los menos favorecidos y vulnerables y ser el bastión en la defensa y protección de la democracia constitucional.

Países con una tradición constitucional más larga como los Estados Unidos han tenido también experiencias de este tipo con el llamado impeachment o juicio político por indignidad o por delitos comunes que se puede realizar entre otros cargos a los jueces de la Corte Suprema y que se tramita ante el Congreso. El impeachment se ha promovido en tres ocasiones a jueces de la Corte Suprema a lo largo de su historia, aunque nunca ha prosperado. El primer caso se dio en 1805 cuando se acusó y juzgó ante el Senado al juez Samuel Chase por haber cometido errores procesales que se consideraron como “indecentes e indecorosos” en el juzgamiento por difamación de John Fries. Este caso que fue considerado más político que jurídico, ha sido el único en donde se ha dado curso al juicio de impeachment, pero también un caso relevante ya que se absolvió a un juez por el contenido de sus decisiones en su interpretación, semejante a lo que se discute ahora en la reforma de equilibrio de poderes con el artículo 178.A de la inviolabilidad de los magistrados de altas cortes y el fiscal por la interpretación que realicen en sus fallos.

El segundo caso de impeachment que se dio fue contra el juez William O. Douglas en 1953 y 1970, Douglas era un juez progresista y liberal que fue nominado por Franklin D. Roosevelt y que en plena época del macarthismo, se le acusó por parte del entonces senador Henry Ford de inmoralidad e indignidad para ocupar el cargo. Después de costosos divorcios Douglas completaba su salario de juez con conferencias y artículos en revistas que para entonces se consideraban como indecentes y pornográficas. Ford trató de acusar a Douglas de haber escrito artículos en revistas como el Evergreen Magazine que era famoso por publicar fotos de mujeres desnudas. Las acusaciones de indignidad nunca prosperaron y Douglas ha sido catalogado como uno de los mejores jueces que ha tenido la Corte Suprema en temas relacionados con la libertad de expresión como el caso Terminiello vs. City of Chicago de 1949, en donde defendió la libertad de expresión de un sacerdote católico que había sido acusado de haber pronunciado una homilía antisemita, y los derechos de la naturaleza en el caso Sierra Club vs. Morton de 1972, en donde estableció que los objetos inanimados como la naturaleza también podrían ser protegidos como parte en un litigio.

Finalmente el último caso de impeachment que se trato de llevar a cabo en la Corte Suprema de Justicia, y que tiene alguna semejanza con el caso Pretelt, es del de Abe Fortas. Fortas se le acusó de haber aceptado un pago de $20.000 dólares, unos $150.000 dólares de ahora, cada año y por el resto de su vida y aún cuando muriera a su viuda, por una asesoría a la fundación de Louis Wolfson. Wolfson había sido acusado formalmente de delitos contra la seguridad y se esperaba que el pago realizado le ayudara a conseguir el perdón presidencial de su condena por parte de Lyndon B. Jhonson. Aunque nunca se comprobó si realmente Fortas realizó el tráfico de influencias para ayudar a Wolfson, el caso se asemeja con el caso Pretelt no solamente por un supuesto soborno, sino también porque se dio una grabación ilegal como prueba, acusaciones del Fiscal General y luchas intestinas entre los miembros de la Corte. En lo que no se parece al caso Pretelt es que Fortas si renunció a su cargo apenas comenzó a ser tramitado el impeachment en el Congreso para proteger la dignidad de la Corte y su nombre mismo. Fortas era un juez liberal que había hecho famoso en el caso Epperson v. Arkansas de 1968 que declaró inconstitucional la ley de Arkansas que prohibía enseñar la teoría de la evolución de las especies en los colegios.

Adenda: Se publicó el segundo manifiesto de la red ¡Corte Limpia Ya! (@CorteLimpia) que pueden leer en el siguiente link: http://cortelimpiaya.blogspot.com/2015/04/manifiesto-no-2-por-unos-cambios.html